Pudimos ver esta noticia el 14 de enero de 2026: «LaLiga y el Gobierno firman un acuerdo para impulsar la ciberseguridad y la lucha contra el odio online».
Los que trabajamos en el sector de la ciberseguridad y en el desarrollo tecnológico de España y de Europa nos quedamos observando el titular con gesto de incomprensión.
Incomprensión porque La Liga de Fútbol Profesional es, de lejos y sin lugar a dudas, el elemento de mayor inestabilidad para los servicios tecnológicos. Provoca cortes indiscriminados en servicios de Internet, tanto impidiendo el acceso a ciudadanos al libre ejercicio de acceso a la libertad de información, como impidiendo a distintos negocios y proyectos digitales el libre ejercicio de su libertad de empresa.
Peor cuando hablamos de medios de prensa, donde se juntan el terrible daño que sufre el medio, al no poder dar visibilidad a sus publicaciones, y el daño que sufre la Sociedad en su conjunto al romperse el pacto constitucional que garantiza la Libertad de Prensa… que La Liga impide.
En los estatutos fundacionales de INCIBE, podemos ver que el objeto social de esta organización es “La Sociedad tendrá como objeto social la gestión, asesoramiento, promoción y difusión de proyectos tecnológicos en el marco de la Sociedad de la Información”. Que es, precisamente, todo lo que no han hecho para ayudar a las organizaciones españolas en su desarrollo tecnológico, dado que no han movido un dedo ante los bloqueos indiscriminados que provoca la La Liga.
Ahora en un giro propio de uno de los esperpentos más enrevesados y más valleinclanescos de nuestro país, INCIBE firma un acuerdo de colaboración con La Liga… ¿para “impulsar la lucha contra el odio online?” ¿ESTO ES UNA BROMA?
Una de las organizaciones que deberían estar en primera línea denunciando el abuso sobre los derechos digitales, se coloca en primera línea de respaldar a La Liga en su demente bloqueo del desarrollo digital de nuestro país. No tenéis perdón, ni va a pasar un día sin que os hagamos pasar toda la vergüenza que merecéis por esta firma.
Los únicos que han plantado cara en esta situación hemos sido la Asociación RootedCON, pidiendo la suspensión de la sentencia que esgrime La Liga —y los operadores de servicios de Internet en connivencia, todo sea dicho—, y posteriormente con un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por la vulneración sistemática de derechos fundamentales; también la Asociación de Internautas, pidiendo la intervención del Defensor del Pueblo. Y una serie de entidades privadas, medios de prensa y de publicación, que están sufriendo la afectación y cortes de servicio que La Liga insiste que no existen.
Cortes que, por ejemplo, afectaron al servicio de Madrid Salud (con el consiguiente riesgo para los servicios sanitarios de los ciudadanos).
Ante esta situación, es verdaderamente lamentable la inacción de los poderes y las organizaciones que sí tienen un deber claro de involucrarse y defender los derechos fundamentales. Simplemente inacción: “ponerse de lado”, “no va con ellos”, “respetamos…” .
Pero esta firma de este “Memorando de Entendimiento” por parte de INCIBE, este “acuerdo”, es un verdadero insulto a los sectores de la ciberseguridad y de la tecnología en general. Es dejar patente que no es simplemente inacción, sino que el Ministerio y la institución que, teóricamente, deben velar porque este tipo de cosas no ocurran, deciden voluntariamente prestar su apoyo público a una organización que emplea fraudes de ley y otras tácticas que podríamos calificar de criminales (pero no lo haremos, a pesar de tener evidencias y sentencias en ese sentido) para lograr sus objetivos particulares que nada tienen que ver con el beneficio de la Sociedad, los ciudadanos y, sobre todo, el respeto a la Carta Magna.
Creemos que es esencial no quedarse callados ante este tipo de abusos de los derechos de los ciudadanos y de las empresas, justificados por una lucha contra la piratería demente y sin resultados; la gente sigue pirateando lo mismo o más. Todos los que tenemos “media semana de experiencia en Internet” sabemos que este tipo de medidas son totalmente inefectivas: hay infinidad de métodos de evasión.
Nosotros por nuestra parte declaramos que no vamos a apoyar ni colaborar con INCIBE en nada mientras este acuerdo siga vigente. Sinceramente, ya deberíamos haber tomado acción cuando este organismo no se posicionó defendiendo a las empresas y servicios digitales, pero optamos—por una prudencia de la que nos arrepentimos— por un perfil más bajo. Ahora esta posición es imposible: no tenemos otra opción que ser MUY críticos con lo que estamos viendo.
El mensaje que se está enviando es que NO podemos confiar en las instituciones que se supone que deben defendernos. Y ese mensaje es terrible: si no hay confianza en la labor de las instituciones, carece de sentirlo apoyarlas o colaborar con ellas.
Adicionalmente, dado este mensaje de “estáis solos”, creemos muy relevante organizarmos y es por ello que vamos a dedicar foco, recursos y esfuerzo a una serie de proyectos que vamos a ubicar bajo el paraguas del lema “#CryptograFREE”.
La Constitución garantiza una serie de Derechos Fundamentales que están siendo amenazados y, si no marcamos límites claros a los poderes, los perderemos por pasividad e inacción.
Así que, sabiendo lo que nos compromete significarnos tan claramente y asumiendo todas las consecuencias que vengan derivadas, creemos que todo el sector tecnológico debería mostrar su indignación explícita y clara a este acuerdo de un Ministerio y una institución que claramente traicionan sus propósitos fundacionales.